En Asturias, la Diputación Provincial aparece como la sucesora de la Junta General del Principado, institución fundamental de la región durante el Antiguo Régimen.

La primera Diputación Provincial, elegida en febrero de 1813, estaba presidida por el jefe político Manuel María Acevedo e integrada por el marqués de Vistalegre, dos eclesiásticos y otros componentes.

Con la restauración del absolutismo, en 1814, la propia Diputación solicita la reposición de la Junta General del Principado. Durante el Trienio Liberal, de 1820-1823, funciona nuevamente la Diputación para disolverse en la subsiguiente etapa de reacción absolutista, siendo sustituida por la antigua Diputación de la Junta General hasta 1835.

En ésta se establece que la nueva Diputación constitucional sería presidida por el gobernador civil y estaría compuesta por un número de diputados igual al de partidos judiciales, elegidos por los ciudadanos con derecho a voto.

A lo largo del siglo XIX, tanto su composición como la forma de elegir a sus miembros y sus atribuciones sufrirían múltiples cambios en función de los regímenes políticos que se sucedían en el país.

Las reuniones de la Diputación desde 1813 se llevaron a cabo alternando la sala capitular de la Catedral y la sala del regente de la Audiencia y en 1836 pasó a ocupar un ala de la antigua biblioteca del monasterio de San Vicente.

En 1891 se decide construir un nuevo edificio para albergarla, que se realiza en 1900 con diseño del arquitecto Nicolás García Rivero, sobre el solar que separaba la parte histórica de la ciudad del ensanche de Uría y que había pertenecido al extinto Monasterio de San Francisco. La institución acuerda instalarse de manera definitiva en el nuevo edificio y abandonar las dependencias del ex-convento de San Vicente en la sesión celebrada el 31 de mayo de 1912.

Al constituirse, el 30 de diciembre de 1981, la Comunidad Autónoma con la denominación de Principado de Asturias, de carácter uniprovincial, la Diputación Provincial de Oviedo desaparece, el 23 de abril de 1982, y transfiere sus funciones y cometidos a las instituciones autonómicas.