El 24 de julio de 1936, a pocos días de iniciarse la guerra civil, se constituyó en Burgos la Junta de Defensa Nacional. Formada por algunos de los generales más importantes que habían tomado parte en la sublevación y presidida por el general de división Miguel Cabanellas Ferrer, esta Junta actuó como gobierno provisional en la zona controlada militarmente por los rebeldes.

La Junta se disolvió el 30 de septiembre de 1936 tras la unificación del mando militar y político en la persona del general de división Francisco Franco Bahamonde, que fue elegido Jefe del Gobierno del Estado, Generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire del ejército sublevado y general jefe de los ejércitos de operaciones por la Junta de Defensa Nacional en dos reuniones celebradas el 21 y el 29 de septiembre de 1936 en el aeródromo de San Fernando, situado a pocos kilómetros de Salamanca.

Francisco Franco asumió la jefatura del Estado el 1 de octubre en un acto celebrado en el edificio de la Capitanía General de Burgos y ese mismo día promulgó una ley estableciendo la organización administrativa a la que había de ajustarse la nueva estructuración del Estado.

En virtud de esta ley de 1 de octubre se crearon las nuevas instituciones en torno a las cuales se organizaría en adelante la Administración Central:

- Junta Técnica del Estado

- Gobernador General

- Secretaría de Relaciones Exteriores

- Secretaría General del Jefe del Estado

La Junta Técnica del Estado tenía su sede en Burgos y estaba compuesta por profesionales de diferentes especialidades, de carácter civil y con un perfil eminentemente técnico; la mayoría de sus miembros fueron juristas y economistas. El único miembro militar fue su Presidente, inicialmente el general de brigada Fidel Dávila Arrondo, que fue sustituido por el general Francisco Gómez-Jordana Sousa cuando Dávila fue nombrado jefe del Ejército del Norte tras la muerte del general Emilio Mola en junio de 1937.

Además del Presidente componían la Junta siete vocales, cada uno de los cuales presidía una de las siete Comisiones: Justicia, Trabajo, Hacienda, Agricultura y Trabajo Agrícola, Obras Públicas y Comunicaciones, Industria, Comercio y Abastos y Cultura y Enseñanza.

Además del Presidente y las Comisiones la Junta contaba también con una Oficialía Mayor y con una Secretaría que dependía directamente del Presidente.

Las Comisiones estaban formadas por un presidente y el número de vocales que el Presidente de la Junta estimase convenientes. Los miembros de las Comisiones y su personal auxiliar eran elegidos, nombrados y separados libremente por el Presidente de la Junta.

Las funciones de las Comisiones eran las siguientes:

- Tramitar los asuntos de su competencia.

- Emitir informes sobre los asuntos de su competencia.

- El estudio de todas las disposiciones y modificaciones de la legislación vigente sobre las materias de su competencia.

- El estudio de los problemas relacionados con las materias propias del departamento con vistas a orientar la legislación futura dentro del marco de la política general del Estado.

Por su parte los presidentes de las Comisiones tenían las siguientes funciones:

- Distribuir y organizar el trabajo de las mismas entre los vocales y el resto del personal.

- Resolver cuantos asuntos fuesen de la competencia de la Comisión.

- Solicitar informes sobre los asuntos de su competencia a cualquier persona, entidad, organismo o autoridad.

- Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento y la prestación eficaz de los servicios de su departamento en todo el territorio.

- Acordar todo lo relativo a la organización y fiscalización de los servicios del departamento.

- Dar órdenes directas a los organismos provinciales, regionales y locales en las materias de su competencia.

- Proponer al Presidente de la Junta las disposiciones de carácter general y aquéllas otras que afectasen a varias Comisiones para que éste adoptase la resolución correspondiente.

- Dar cuenta al Gobernador General de las órdenes cursadas a los gobernadores civiles de las provincias que tuviesen relación con la organización de la vida ciudadana.

La Comisión de Justicia tenía la misión de estudiar las normas vigentes en el momento de su creación con el fin de dilucidar cuáles de ellas no podían ser aplicadas en aquel contexto de guerra y proponer su modificación.

La Junta Técnica del Estado existió hasta el 30 de enero de 1938. La prolongación de la guerra y la necesidad de reformar una Administración central cuya organización resultaba bastante confusa llevaron a Franco a realizar un profundo cambio de la estructura político-administrativa del Estado. De esta manera, la Junta Técnica del Estado fue reemplazada por un gobierno presidido por él mismo e integrado por una vicepresidencia y once ministerios.