La Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario (CICRC) fue una organización intergubernamental fundada a finales de 1949 con el propósito de erradicar los espacios de confinamiento masivo de personas que existían en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Unión Soviética. Su principal impulsor fue el francés David Rousset (1912-1997), periodista y superviviente del campo de concentración nazi de Buchenwald. En noviembre de 1949, Rousset publicó en el semanario Le Figaro littéraire una convocatoria a los antiguos deportados de los campos nazis y a sus asociaciones para que se uniesen a la denuncia contra los campos de trabajo correccionales de la Unión Soviética, esto es, los conocidos Gulag. Se proponía la creación de una comisión internacional de investigación compuesta por antiguos deportados para verificar si el trabajo forzoso era un componente inherente al régimen soviético, equiparándolo con el nazi. La iniciativa de Rousset fue muy criticada por parte del Partido Comunista Francés que vio esta medida una pieza más de la doctrina Truman en la contención, descredito y aislamiento de los partidos comunistas de Europa occidental, pese a que éstos tenían amplias representaciones parlamentarias.

En 1950, la CICRC estableció sus estatutos en La Haya, sumándose representantes de diferentes países europeos: Bélgica, Holanda, Francia, Alemania Occidental, Noruega y la España Republicana. Se determinó que se formarían comisiones de investigación que podrían visitar aquellos países donde se tuviese la certeza o sospecha de estas prácticas represivas propias de regímenes totalitarios, independientemente de su vinculación ideológica, lo que ponía en la agenda a países como España. En octubre de 1950 hubo una segunda reunión en Bruselas para conseguir el estatus de organización internacional bajo la protección del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en cuyo seno operaba la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras los informes de la Comisión sobre la Unión Soviética, que tuvieron una honda repercusión, los trabajos se centraron en Grecia y España, cuyos gobiernos, tras sus respectivas guerras civiles, eran sospechosos ante la opinión pública europea de mantener campos de concentración como método represivo contra amplias capas de población. Pero también sobre la política represiva desplegada por Francia en su Protectorado de Túnez, en plena lucha por su independencia. En 1953 vieron la luz sendos libros blancos que venían a denunciar el tratamiento penitenciario de estos países.

En 1957, tras un amplio informe sobre la situación en la República Popular de China, la comisión volvió a centrarse en la respuesta del Estado francés al movimiento independentista argelino, pero no se llegó a elaborar un informe final. De hecho, la actividad de la Comisión y de Rousset en este ámbito finalizó 1959, cuando dejó de publicarse Saturne, su periódico mensual.

La importancia de la Comisión en la defensa de los Derechos Humanos en el período de la Guerra Fría fue innegable. A partir de sus informes, Naciones Unidas elaboró unas reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros (1955), porque los presos tienen derechos humanos, independientemente de las causas de su reclusión.