Ley reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público. Fue publicada en el BOE el 2 de octubre de 2015 y entró en vigor en 2 de octubre de 2016. La ley nace con el objetivo de modernizar el Sector Público español para dotarle de una mayor eficacia, eliminando duplicidades y simplificando los procedimientos y trámites a través de los cuales ciudadanos y empresas se relacionan con la administración. Es fruto de las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas creada el 26 de octubre de 2012 y conocida como CORA. En su informe, elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, se señalaba la profusión normativa en torno a la Administración y Sector Público, y la necesidad de dotar al sistema legal de una derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado. Para ello era necesario elaborar dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo (Ley 39/2015) y, otra, sobre el régimen jurídico del Sector Público (la presente Ley 40/2015). Deroga la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.