Dado en Palacio a 30 de noviembre de 1833 y publicado el 3 de diciembre de ese mismo año, este Real Decreto suponía la división del territorio peninsular en 49 provincias. No era una simple división administrativa sino que afectaba también a las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda. Al frente de las mismas se creaba el cargo de subdelegado de Fomento que debía residir en la capital de provincia y encargarse del desarrollo y fomento de la misma. Además, y de manera bastante inmediata, se les conminaba a establecer la demarcación de los confines y límites de la provincia y a levantar planos topográficos. Se establecieron tres categorías provinciales en función de la extensión y la población residente. Por ello, en aquellas en que el subdelegado de fomento no se bastase por sí mismo para el ejercicio de sus funciones, podía designar subdelegados de partido en aquellas poblaciones de mayor relevancia.