El día 13 de septiembre de 1936, a pocas semanas de iniciarse la guerra civil española, la Junta de Defensa Nacional de España, el gobierno provisional de la zona controlada por el ejército sublevado, aprobó un Decreto declarando fuera de la ley todos los partidos políticos y agrupaciones sociales que habían formado parte o dado su apoyo al Frente Popular, la coalición electoral que se alzó con la victoria en las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, y cualquier otra organización opuesta al llamado Movimiento Nacional, y disponiendo la incautación de todos sus bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos, que pasarían a ser propiedad del Estado. También serían objeto de embargo los bienes de aquellas personas que se opusieran al triunfo de los sublevados.

Para llevar a cabo estos fines el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 creaba una Comisión Central administradora de bienes incautados por el Estado, que sería auxiliada por las comisiones provinciales de incautación de bienes.

Tanto el Decreto de 13 de septiembre de 1936 como el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 establecían las bases de un procedimiento administrativo especial encaminado a exigir la responsabilidad civil correspondiente a aquellas personas que por acción u omisión ocasionaran un perjuicio directo o indirecto al triunfo del Movimiento Nacional.

Este procedimiento fue regulado posteriormente por la Ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939.