En algunas provincias españolas existía desde el siglo XVIII una autoridad militar y política dependiente del Capitán General de la región correspondiente. Este gobernador militar ostentaba en su provincia la representación del Capitán General y ejercía como comandante general de las fuerzas militares radicadas en la misma.

Con las sucesivas reformas políticas y administrativas del siglo XIX este cargo fue perdiendo paulatinamente sus funciones políticas en beneficio de jefes políticos civiles provinciales y limitándose a sus atribuciones militares.

Los gobiernos militares provinciales siguieron experimentando cambios hasta llegar a la división provincial de 1833 impulsada por el Secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos. A partir de ese año se va definiendo progresivamente la figura de los gobernadores militares de provincia en paralelo a la de los jefes políticos provinciales, que tenían competencias de carácter político, administrativo y económico, y que a partir de un Real Decreto de 28 de diciembre de 1849 adoptaron la denominación de Gobernadores Civiles.

Un Decreto de 8 de setiembre de 1841 regulaba el cargo de Comandante Militar de la Provincia, que debía recaer en un oficial que tuviese el grado de brigadier o de coronel; posteriormente, el reglamento del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas aprobado por Real Decreto de diciembre 1852 establecía para dichos Comandantes el título de Gobernadores Militares de Provincia.

Tras la proclamación de la II República en 1931, por un Decreto de 16 de junio de ese mismo año se reorganiza la estructura militar, suprimiéndose los gobiernos militares provinciales.

Iniciada la Guerra Civil, en la zona controlada por el ejército sublevado la Junta de Defensa Nacional aprobó el 14 de septiembre de 1936 un Decreto por el que se restablecían los gobiernos militares, cuya sede se situaría en la capital de cada provincia. Después de la contienda se estableció esta organización en todo el territorio nacional.

Los gobiernos militares fueron suprimidos por el Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, y sustituidos por las Delegaciones de Defensa. La Delegación de Defensa de Castellón fue creada en diciembre de 1995.