El buque Uruguay fue construido en 1913, contaba con 145 metros de eslora, 18,4 de manga y 10,8 de puntal, propiedad de la Compañía Trasatlántica, fue bautizado inicialmente como Infanta Isabel de Borbón, nombre sustituido por el de Uruguay con la llegada de la República. Este mismo barco ya fue utilizado como prisión flotante durante la revolución de octubre de 1934 en Barcelona y siguió prestando el mismo servicio al principio de la Guerra Civil hasta 1939 que fue hundido y, aunque fue reflotado en 1942, acabo siendo desguazado finalmente.

En este barco se celebró el primer acto de justicia al constituirse el Consejo de Guerra para juzgar a los generales Manuel Goded Llopis y Álvaro Fernández Burriel. Fue el único Consejo de Guerra que se constituyó en los primeros días del conflicto Durante los primeros días de la guerra las cárceles catalanas en general y las de la capital en particular se vieron superadas en el número de presos que podían acoger fue por ello que el Gobierno de la Generalidad presidida por Companys decidiese habilitar como prisión el Uruguay que pronto se vio completamente repleto de detenidos. Al principio la custodia de los presos en dichos barcos corrió a cargo de la Guardia Civil por lo que el trato, en general, fue benigno y respetuoso, pero todo cambió cuando la vigilancia fue encomendada a los propios marineros y milicianos, militantes por lo general de la extrema izquierda, que eran quienes verdaderamente mandaban en el barco, lo que supuso que no sólo las prácticas religiosas se vieran fuertemente mermadas debiendo celebrar los oficios religiosos a escondidas en lo más profundo de los sollados de los barcos, sino también que el régimen penitenciario se endureciese. El Uruguay, como otras tantas prisiones flotantes, no fue tan sólo un centro de detención de presos en espera del correspondiente juicio. Ya desde el inicio de la guerra también funcionó como complemento a las checas existentes en la ciudad de Barcelona. Los detenidos después del correspondiente Consejo de Guerra salían camino del lugar de ejecución. Las "sacas" era una práctica habitual llevada a cabo por los milicianos que bajo cualquier pretexto "trasladaban" a un número determinado de presos previamente elegidos. El día 28 de agosto de 1936 Se presentaron, a media tarde, en el Uruguay unos milicianos capitaneados por Luzbel Ruiz, reclamando la entrega de determinado grupo de presos. El jefe de la prisión flotante, capitán de la Guardia Civil, se negó alegando que todos los presos confiados a su custodia estaban a disposición del juez especial, y sin una orden suya no puede salir de allí ningún detenido. Al día siguiente se personaron los mismos milicianos con una orden firmada por el juez especial, señor Pomares, en la que se disponía que los detenidos fueran entregados a los representantes de las Milicias. Los primeros cuatro "escoltados", los comandantes Bibiano, Botana, Gabarrón y Galán, aparecieron asesinados al día siguiente en las proximidades de Font del Lleó, pero desgraciadamente no fueron los únicos ya que en días sucesivos fueron igualmente asesinados tres generales, un coronel, un teniente coronel y un comandante del ejército sublevado.