Se crea por Real Orden de 14 de Septiembre de 1814, siendo nombrado su presidente José de Arteaga (Capitán General de Castilla La Nueva) y sus miembros eran el Conde de Pinar, Don Andrés Lasauca (del Consejo de Castilla), Don Joaquín de Mosquera (del Consejo de Indias) y Don Antonio Alcalá Galiano (del Consejo de Hacienda). El escribano era D. Juan Garrido y relatores Rovira y Belloc. El fiscal era Mateo Zendoquiz (de la Sala de Alcaldes).

Su misión era sustanciar y determinar todas las Causas de Estado, en otros términos hallar culpables de lesa majestad a cierto número de ex diputados y ex regentes. Sin embargo el que los miembros vieran dificultades jurídicas en el procedimiento, retrasaba la urgencia del Rey y entraba en contradicción con el deseo real de observar todas las garantías legales. Todo ello hizo que las causas no avanzaran ni en el plazo ni en la dirección deseada. La creación de Comisiones especiales o Juntas extraordinarias para actuar según procedimientos ordinarios no dio el resultado político deseado e hizo que esta Comisión fracasase en sus objetivos iniciales.

Esto provocó que en 15 de diciembre de 1815, el Rey usando su poder absoluto condenara a 51 de los encausados a penas de prisión o destierro. A continuación, el 26 de enero de 1816 suprime la Comisión y pasa a los Tribunales ordinarios las causas pendientes.

El antecedente de esta Comisión fue la Comisión de Policía creada por Real Decreto de S.M. comunicado el 16 de mayo de 1814. El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, Pedro Macanaz, nombró a Ignacio Martínez de Villela (del Real y Supremo de Castilla, Gobernador de la Sala y Juez de Policía de Madrid) junto con Jaime Álvarez Mendieta, Don Antonio Alcalá Galiano y Don Francisco de Leyba para la Comisión de Policía. Su misión es inquirir, justificar y castigar a los autores y cómplices de los procedimientos de las Cortes contra la soberanía del Rey.