En el año 1348 Pedro III el Ceremonioso reestructuró la Universidad o Consejo de Prohombres de la Ribera de Barcelona y la rebautizó como Consulado del Mar de Barcelona. Este se convirtió en un tribunal mercantil como el resto de consulados del mar de la Corona de Aragón. Pronto, su jurisdicción se ampliaría a los asuntos terrestres y asumiría nuevas funciones. Y en el año 1394, Juan I creaba aún dos nuevas instituciones que reforzaban el peso político y social de los comerciantes: los Defenedores de la Mercadería, que velaban por los intereses del mundo mercantil, y el Consejo de la Mercadería o de los Veinte, que se ocuparía de la gestión de la Lonja, la sede del Consulado del Mar de Barcelona.

El año 1714 fue una fecha clave en el proceso de degradación de la Lonja, que había comenzado un siglo antes. Las tropas borbónicas, comandadas por el duque de Berwick, entraron en Barcelona el 11 de septiembre. Felipe V hizo derribar 1.200 casas del barrio de la Ribera para construir la Ciudadela y ocupó la Lonja para convertirla en cuartel.

El Decreto de Nueva Planta de 1716, que suprimía el sistema político y las leyes catalanas para equipararlos a las castellanas, preveía sin embargo la continuidad del Consulado del Mar. A pesar de que se conservó esta entidad, se anuló el derecho de periatge, el impuesto que se cobraba a todas mercancías que se cargaban y descargaban en el puerto de Barcelona y suprimió el Consejo de los Veinte, organismo encargado de la gestión de la Lonja. Así, el Consulado se encontró sin sede, sin fuente de ingresos y sin organización.

En 1755, los principales comerciantes de Barcelona solicitaron al rey Fernando VI la devolución de la Lonja y la gestión directa del periatge.

Como primer paso para satisfacer sus demandas, el rey creó en 1758 una nueva institución que venía a cumplir, entre otras, la tarea realizada hasta entonces por el Consulado del Mar: los Tres Cuerpos de Comercio del Principado de Cataluña. El primero de estos tres Cuerpos era la Matrícula o Comunidad de Comerciantes, que congregaba a los principales tratantes mayoristas, hacendados y ciudadanos honrados. El segundo, el Tribunal del Consulado, era el encargado de resolver los contenciosos entre mercaderes. Finalmente, la Real Junta de Comercio de Barcelona defendía los intereses de los grandes comerciantes.