La Diputación del General de Cataluña se constituyó a mediados del siglo XIV, durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, al convertirse en permanentes las comisiones para gestionar los subsidios concedidos en las Cortes.

Su creación exacta se sitúa en las Cortes de Cervera de 1359, cuando la situación de guerra con Castilla, la denominada "Guerra de los dos Pedros" (1356-1375), obligaba a un esfuerzo financiero sin precedentes.

En las Cortes de Monzón de 1362-63 se consolida la institución al crearse los impuestos más característicos de la Diputación, las generalidades, y establecerse la terna de diputados, uno por brazo, que debían residir en Barcelona como órgano de la misma.

El rey Fernando I, en las Cortes de Barcelona de 1412-1413, aprobó la institución en su forma definitiva, con su organización y atribuciones, no sólo las de carácter judicial y financiero, sino también las de carácter político, para la defensa de las Constituciones.

A raíz de la sucesión del rey Carlos II en 1700, el Principado de Cataluña aceptó inicialmente al nuevo rey Felipe V de Borbón hasta 1705 en que se produjo el cambio de bando al amparo del pacto de Génova.

El desenlace de la Guerra de Sucesión Española, con el sitio y la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, determinó la abolición de la Diputación del General: El rey Felipe V anuló la institución a partir del Decreto de Nueva Planta de 1716.

Suprimida la institución en 1714, su archivo quedó abandonado en los desvanes de la Real Audiencia de Cataluña, en el edificio que hasta entonces había sido el palacio de la misma Diputación. En 1821, durante el trienio liberal, fue entregado por Real Orden de 20 de julio al Archivo de la Corona de Aragón. En 1825 la Real Audiencia reclamó y obtuvo la devolución del archivo de la antigua Diputación y, finalmente, por R.O. de 9 de noviembre de 1827, se entregó de nuevo al ACA, lo que tuvo efecto en marzo de 1828.