Historia Archivística:

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En el Real Decreto de 19 de abril de 1883, se dispone que rija en la Isla de Cuba la Ley General de Obras públicas análoga a la decretada para la Península en 13 de abril de 1877. En su artículo 25 se dice que el Gobierno podrá establecer impuestos o arbitrios por el aprovechamiento de las obras que hubiese ejecutado con fondos generales, dando cuenta a las Cortes

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