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En el Real Decreto de 19 de abril de 1883, se dispone que rija en la Isla de Cuba la Ley General de Obras públicas análoga a la decretada para la Península en 13 de abril de 1877. En su capítulo X, trata sobre la competencia de jurisdicción en materia de obras públicas. Se indica que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativo conocer de los recursos contra las providencias de la Administración: cuando se declare la caducidad de una concesión hechas a particulares o compañías, en todos aquellos casos en que las resoluciones administrativas lastimen derechos adquiridos... Compete a los Tribunales de Justicia: el conocimiento de cuestiones entre la administración y los particulares sobre el dominio público y privado y sobre las servidumbres fundadas en el derecho civil, el de cuestiones entre particulares sobre el derecho preferente de dominio público fundadas en el derecho civil, en el de cuestiones relativas a daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus derechos de propiedad

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