5. Archivo del Real Patrimonio de Cataluña (1873-1936)

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5. Archivo del Real Patrimonio de Cataluña (1873-1936)

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Suprimida definitivamente la Bailía General del Real Patrimonio, la única oficina que sobrevive es el Archivo, custodiado por Eduardo Moner y Mallach, cuyos ceses y nombramientos sucesivos reflejan la inestabilidad de la situación política[1]. El Archivo del Real Patrimonio tuvo un momento crítico tras la proclamación de la República en 1873. Los decretos de 15 de abril de 1873 ordenaban a las Administraciones Económicas de las provincias que recogieran la documentación de las suprimidas bailías y administraciones de los bienes del patrimonio que fue de la Corona y se ocuparan de los asuntos pendientes[2].   Una orden resuelve que continúe Eduardo Moner y Mallach, sin sueldo, en el destino de Archivero de la Bailía de Cataluña "y pase al de Propiedades cuando se unan, hasta tanto que se nombre el oficial de cuarta clase a que se refiere el art. 3º del decreto de 15 del actual". El 30 de junio se suprime el cargo de Archivero al tiempo que las secciones de Propiedades y Derechos del Estado. El archivo quedó cerrado entre mayo y noviembre de 1873, cuando fue repuesto interinamente por el Administrador Económico. Durante ese tiempo Moner continuó haciéndose cargo del Archivo y continúo en comisión con sus trabajos al frente de la Sección de Reconocimiento de Escrituras y Liquidación de censos a favor del Patrimonio que fue de la Corona.     En tanto había que encontrar un nuevo emplazamiento para el Archivo, pues se había anunciado la subasta del Real Palacio en cuyos bajos se encontraba. El Boletín oficial de la Provincia de Barcelona de 23 de agosto de 1873 anunció la venta de edificio, dividido en 6 solares, en octubre se subastó y finalmente se aprobó la adjudicación en 18 de abril de 1874. El plazo para desocupar el edificio era de nueve meses.     El nuevo cambio político, la Restauración de la monarquía borbónica, devuelve a la Administración de la Real Casa y Patrimonio los edificios destinados al servicio del Rey y los archivos del Real Patrimonio que se hallaban a cargo del Estado. En 27 de febrero de 1875 se nombra a Eduardo Moner Archivero General Honorario, sin sueldo. El problema de encontrar local no se había resuelto aún cuando la noche de Navidad de 1875 se declaró el incendio que destruyó el Real Palacio de Barcelona. Al iniciarse el fuego en los pisos altos, logró salvarse el Archivo, que fue trasladado y amontonado en un salón de la Lonja (en el llamado "salón carmesí").     Urgía ahora encontrar  un emplazamiento adecuado para el Archivo y el asunto ocupó a Moner todo el año 1876. Primero logró autorización para el traslado del Archivo a la Capilla de Santa Águeda, pero en contra del parecer de la Comisión de Monumentos, que la acababa de restaurar y la tenía ocupaba con varios restos arqueológicos. La Comisión fue dando largas para desocuparla hasta conseguir que se derogara la disposición. Ese año se reactivó también el proyecto de trasladar los documentos del Maestre Racional al Archivo de la Corona de Aragón, a lo que se opuso Moner para no disgregar el Archivo. Finalmente, el capitán general ofreció un local y el Archivo quedó instalado el 31 de diciembre de 1876 en los bajos del edificio del Convento de Santa Mónica en las Ramblas, edificio ocupado por el Intendencia Militar tras la Desamortización[3]. Allí permaneció hasta 1908, cuando este edificio también se puso en venta. La Intendencia de la Real Casa aceptó entonces el ofrecimiento del presidente de la Diputación, Prat de la Riba, para trasladar el Archivo al Palacio de la Diputación del General, a los locales que había ocupado la secretaría y archivo de la Audiencia territorial, vacantes por el traslado de ésta al nuevo Palacio de Justicia. Tras las obras pertinentes, el Archivo se instaló allí en calidad de depósito, quedando claro en el acta que se firmó en 10 de enero de 1910 que la propiedad del mismo era del Real Patrimonio[4]. El archivero Eduardo Moner murió poco después.     La Casa Real nombró director a Eduardo González Hurtebise, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que ya era director del Archivo de la Corona de Aragón. A su muerte en 1921 le sucederá Josep Pallejà Martí. Aún se produjo un traslado más del Archivo desde el edificio de la Audiencia al edificio de la calle del Obispo, nº 8, la Casa dels Canonges en 1926.     En 1929 Ferran Valls Taberner propuso a la Real Casa ceder una parte del edificio ocupado por el Archivo de la Corona de Aragón, del que era director, para el del Real Patrimonio. Pallejà informó favorablemente en 1930, siempre que, como aseguraba Valls, la instalación y funcionamiento de ambos archivos "no ocasionare confusión ni mezcla de los documentos, papeles y demás, de propiedad de cada uno; que las salas y otros locales destinados al servicio y custodia de este Real Archivo fueren independientes así como su entrada y que quedara como actualmente bajo la dependencia de la Real Intendencia y de los funcionarios propios de ella"[5].     La proclamación de la II República determinó el futuro del Archivo. Expropiados los bienes de la Corona, por la Ley de 22 de marzo de 1932 se ordenó la incorporación del Archivo del Real Patrimonio al Archivo de la Corona de Aragón. El traslado no se realizó hasta 1936. El acta de recepción firmada por Jesús Martínez Ferrando, director del ACA y José Pallejà lleva la fecha de 16 de septiembre de 1936.        [1] Eduardo Moner entró en 1867 como oficial 1º de la Escribanía de la Bailía. Al suprimirse ésta, la Junta Revolucionaria le nombró oficial 4º archivero en octubre de 1868, siendo confirmado como oficial archivero de la Bailía del Patrimonio que fue de la Corona en 1869 por el Ministerio de Hacienda. En 1871 se creó además una Sección Especial de Reconocimiento y Liquidación de censos pertenecientes al Patrimonio que fue de la Corona, dependiente de la Administración Económica, que funcionó hasta 1892, cuya oficina se estableció en el Real Palacio, en el propio Archivo, con Eduardo Moner como jefe de la misma. En diciembre de 1872 fue cesado para ser repuesto dos meses después, en febrero de 1873.  [2] El segundo de los decretos disponía la incorporación de los archivos de los bienes de las bailías del patrimonio que fue de Ia Corona en Cataluña y Baleares a las bibliotecas provinciales o los archivos históricos de Barcelona y Palma de Mallorca, según su naturaleza, una vez clasificados por delegados del cuerpo de archiveros junto con el jefe de la administración económica de la provincia. Los documentos debían clasificarse en tres grupos: libros impresos y códices puramente literarios que pasarán a formar parte de las bibliotecas provincia; papeles, códices y manuscritos de carácter histórico que irían a los archivos históricos de Barcelona y Palma; y un tercer grupo de "documentos de interés privado que puedan servir de títulos para funda derechos civiles" del cuan los documentos posteriores a 1751 debían pasar a los archivos de las respectivas administraciones económicas. Los decretos están recogidos en BELMONTE MEDINA, Pedro María, Historia jurídica del patrimonio que fue de la Corona durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) en Derecho y Opinión, nº 7, 1999, págs. 67-78.  [3] El archivo está indicado en un plano de la planta baja de dicho edificio contenido en ACA, Hacienda, leg. 744, nº 1  [4] "Expediente instruido para el traslado del Archivo de la Bailia del Real Patrimonio de Cataluña a la Audiencia, cuyo edificio es propiedad de la Exma. Diputación". ACA, RP, ARP, Caja 8, carp. 2.  [5] Informe de 13 de septiembre de 1930 de José Pallejà acerca del posible traslado del archivo al edificio de la calle Condes de Barcelona, en ACA, Real Patrimonio, ARP, Caja 8, carp. 2. 

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Cataluña (España)