El siglo XIX ha sido considerado un periodo trascendental y decisivo en la creación de las instituciones documentales de nuestro país. En 1836, de la mano de los decretos de Mendizábal, se produce un acontecimiento que va a marcar la historia económica española. Este fenómeno, consistente en la mayor movilización de riqueza agraria producido en el siglo XIX, va a tener importantes repercusiones en los archivos, ya que hace pasar al Estado, no sólo las propiedades de numerosas comunidades religiosas, sino también los archivos de las instituciones afectadas, formados por una riquísima documentación reunida a lo largo de siglos y de valor incalculable. Este conjunto documental, sin valor administrativo, se acumula en diversas dependencias del Ministerio de Hacienda, y dificulta su funcionamiento. La Real Academia de la Historia, consciente del valor histórico que tenía dicho conjunto documental, solicita su custodia, hecho que se produce en 1850, en cumplimiento de la Real Orden de 18 de agosto, que disponía el paso a dicha Academia de la documentación de los archivos de las órdenes monásticas.
Los años siguientes serán decisivos para los Archivos en nuestro país; se pueden señalar fundamentalmente dos acontecimientos:
De esta manera, y por Decreto de 28 de marzo de 1866, se crea el Archivo Histórico Nacional, como Archivo Público General del Reino, con la misión de organizar este gran volumen documental, al que, según establecía el artículo 4 de su Decreto de creación, debería trasladarse también toda la documentación que estuviera aún en las administraciones de la Hacienda Pública y que no fuera indispensable para acreditar derechos de propiedad. Nace este Archivo con la vocación de convertirse con los años en “uno de los más importantes y completos depósitos diplomáticos de la Edad Media que existan en Europa”; a este conjunto documental originario se irán uniendo importantes fondos documentales producidos durante la Edad Moderna y Contemporánea.
El Archivo Histórico Nacional, a diferencia de otros archivos generales, no nace para recoger la documentación de instituciones con actividad administrativa, sino para recoger la producción documental de instituciones ya desaparecidas, con el fin de favorecer su conservación y estudio.
Su primera ubicación fueron unos pequeños locales situados en la planta baja del edificio del Nuevo Rezado, en la calle de León, en Madrid, donde tenía su sede la Real Academia de la Historia. Aquí permanecerá hasta que, por Real Orden de 5 de marzo de 1894, se autoriza su instalación en el nuevo Palacio de Bibliotecas y Museos, recientemente construido. El traslado efectivo se produce en 1896, año en que se encarga la dirección del Archivo a don Vicente Vignau. Estos dos hechos serán trascendentales para la institución, que ve solucionado su problema de espacio y cuenta con un archivero de gran dinamismo al frente, quien no sólo incrementará notablemente sus fondos, sino que le dotará de un cuadro de organización, al estilo de otros archivos europeos. Durante este periodo, se producirán importantes ingresos de documentación, entre los que se pueden destacar los procedentes del Consejo de Órdenes, de los antiguos Consejos Suprimidos, los fondos llegados desde el Archivo de Alcalá de Henares, que irá desprendiéndose de todos los fondos históricos, al prevalecer su carácter de archivo administrativo, y los fondos del recién extinguido Ministerio de Ultramar.
Merece la pena destacar el papel desempeñado por el Archivo Histórico Nacional durante la Guerra Civil, que actúa, al igual que la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional en sus respectivos ámbitos, en la salvaguardia del Patrimonio Documental, al depositarse en él numerosos fondos entre agosto de 1936 y noviembre de 1938.
El Archivo sigue instalado en el Palacio de Bibliotecas y Museos hasta 1953, fecha en que se produce su traslado al edificio actual, situado en el complejo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la calle de Serrano de Madrid, y construido expresamente para albergar el Archivo Histórico Nacional. Este edificio le va a dotar de una independencia que nunca había tenido hasta entonces, y le permitirá abordar una nueva época en la que, además de recoger la documentación de instituciones fenecidas en el tiempo, comienza a recibir las transferencias de fondos de instituciones contemporáneas de la Administración General del Estado, a raíz de la desaparición del Archivo General Central de Alcalá de Henares en 1939.
En el último periodo se vinculan al Archivo Histórico Nacional dos instituciones archivísticas de gran importancia que, pese a ser creadas como secciones del AHN, han mantenido siempre su autonomía. Es el caso de la Sección Guerra Civil, situada en Salamanca, que funcionó entre 1979 y 1999, año en que pasó a ser el Archivo General de la Guerra Civil Española, y de la Sección Nobleza, creada en 1993 e instalada en el Hospital Tavera en Toledo, a la que se trasladaron importantes fondos nobiliarios depositados hasta entonces en la sede de la calle de Serrano de Madrid.
De los 97.481 documentos y 346 códices y libros impresos con los que inicia su andadura, se ha pasado a un total de 43.535 metros lineales de documentación, y queda pendiente, aún, recibir una gran cantidad de documentación histórica, que se conserva en el Archivo General de la Administración, y que, debido a su volumen, sólo podrá ser transferida una vez que el AHN disponga de una sede con capacidad suficiente. Actualmente, aunque sus depósitos documentales están cercanos a su saturación, se siguen recibiendo fondos.
De esta manera, entre sus fondos se conservan desde pergaminos medievales hasta documentos creados con las últimas tecnologías que testimonian la historia reciente.
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