El antecedente más antiguo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) es la Oficina de Información y Propaganda Anticomunista (OIPA), creada por una Orden de Secretaría General del Jefe del Estado dada en Salamanca el 20 de abril de 1937. Dependía directamente de la Secretaría General y su finalidad, según la citada Orden, era la de recoger la documentación relacionada con la propaganda y las actividades marxistas, (incluyéndose la de sociedades masónicas y otras consideradas afines), y enviarla a la Oficina Central de Salamanca, donde se crearía un Centro de Investigación y Propaganda Anticomunista. Su jefe fue Laureano Armas Gourié, quien detentaba el cargo de Delegado del Estado para la OIPA. Posteriormente la OIPA pasaría a ser una dependencia subordinada al Servicio de Recuperación de Documentos. Otra de las entidades antecedentes de la DNSD fue la Delegación Nacional de Servicios Especiales, creada por una disposición de 29 de mayo de 1937. Dependía de la Secretaría Particular del Generalísimo, posteriormente de la Presidencia del Gobierno, y su responsable era Marcelino Ulibarri Eguilaz. Sus funciones se limitaban a la recogida de la documentación procedente de sociedades secretas, es decir, de la masonería y otras consideradas similares o afines. El Servicio de Recuperación de Documentos fue creado el de julio de 1937 como entidad dependiente del Cuartel General del Generalísimo, siendo nombrado también jefe de este servicio Marcelino Ulibarri Eguilaz. El servicio se crea como organismo del Estado para la recuperación, ordenación, archivo y estudio de los documentos y material de propaganda cogidos al enemigo, como único organismo del Estado encargado de la recogida de documentos relacionados con las actividades marxistas y de proporcionar información a otros organismos del Estado, como la Auditoría de Guerra y la OIPA. El Servicio de Recuperación de Documentos remitía a la Delegación Nacional de Servicios Especiales la documentación incautada relacionada con actividades de las sociedades secretas. La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) fue creada por un Decreto del Ministerio del Interior de 26 de abril de 1938. Dependía de dicho ministerio, y su primer jefe fue también Marcelino Ulibarri Eguilaz. Dentro de la DERD había una Sección Político Social, precedente de la que después existiría en la DNSD. Asimismo, también dentro de la DERD había una Sección Especial, o Sección de Servicios Especiales, que no era otra que la Delegación Nacional de Servicios Especiales, dependiente de la Secretaría Particular del Generalísimo. Por lo tanto, durante el periodo de funcionamiento de la DERD (1938-1944) y antes de la creación de la DNSD nos encontramos ante una situación institucional algo confusa en la que existen dos organismos encargados de la recuperación de documentos con dependencias orgánicas diferentes pero que tienen en común un mismo responsable: Marcelino Ulibarri Eguilaz. A esta situación se puso fin con la creación aprobación de un Decreto reservado del Jefe del Estado de 30 de septiembre de 1944 en virtud del cual quedaron suprimidas la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y la Delegación Nacional de Servicios Especiales, que fueron sustituidas por una Delegación Nacional de Servicios Documentales dependiente de la Presidencia del Gobierno con el rango de Dirección General. Desde su creación la Delegación Nacional de Servicios Documentales, organizada en una Sección Especial y una Sección Político Social, continuó las tareas desarrolladas por las instituciones que la precedieron, consistentes en recoger la documentación incautada al ejército republicano, a las organizaciones políticas y sindicales integradas en el Frente Popular y a las logias masónicas y otras sociedades consideradas similares o afines, clasificar esa masa documental y elaborar diferentes índices, ficheros y otros instrumentos de información sobre los antecedentes políticos y sociales de numerosos individuos con el fin de detectar a aquéllos que podían ser considerados como enemigos del nuevo régimen y proporcionar dicha información a los organismos del Estado y de la Administración que llevaron a cabo las tareas de represión y de depuración política durante la posguerra, principalmente al Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, a los tribunales de responsabilidades Políticas y a los tribunales militares que instruían consejos de guerra. El coronel Francisco Javier Planas de Tovar fue nombrado Director General Delegado Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1964, siendo sustituido por el almirante Jesús Fontán Lobé. Por un Decreto de Presidencia del Gobierno de 21 de febrero de 1958 la Sección Político Social de la DNSD se integró en la sección del mismo nombre de la Dirección General de Seguridad y se dispuso el traspaso de su archivo. En 1968 la DNSD perdió su rango de Dirección General y pasó a denominarse Sección de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno. Finalmente la Sección de Servicios Documentales fue suprimida por el Real Decreto 2761/1977, de 28 de octubre, por el que se reorganiza la Presidencia de Gobierno, en cuya en Disposición Final Primera se determinaba además la adscripción de sus fondos al Ministerio de Cultura.