A partir del momento en que José Bonaparte recobró la corona en enero de 1809, emprendió la tarea de organizar su Gobierno. Una de sus primeras decisiones fue la creación de unos comisionados regios para las provincias, con la esperanza de poner orden en las zonas bajo control de los mariscales napoleónicos. Así, un Decreto de 6 de febrero de 1809 divide a España en comisarías regias: los comisarios regios serían los encargados de establecer el punto de unión entre la Administración central y la Administración territorial intendencia y prefecturas en las provincias y regiones que se consideraban sometidas. Los comisarios regios tenían facultades de todo orden: desde las meramente vigilantes e informativas, hasta atender a la necesidad perentoria de establecer un puente continuo entre los poderes central, provincial e, incluso, local; de la recomendación de influir eficazmente en la opinión pública del consiguiente lugar, a la potestad delegada de remover o suspender autoridades remisas e instalar provisionalmente nuevos titulares del poder territorial. Para realizar su cometido, los comisarios regios contaban con el auxilio armado del Ejército francés.
La Comisaría Regia más destacada fue, sin duda, la que ejerció el conde de Montarco para las Andalucías, al lado del mariscal Soult. El conde de Montarco tuvo bajo su control, no solamente a todos los prefectos e intendentes del Mediodía español, sino también a otros comisarios regios. El Archivo Histórico Nacional conserva una serie de libros registro de decretos y órdenes expedidos por el conde de Montarco.
Esta documentación se custodia en la sección de Consejos.
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