Abandonado por los máximos representantes de la nación y huérfano de su Rey, el pueblo español se sintió depositario de la soberanía, encarnada en las 18 juntas supremas provinciales.
En cada territorio, diseñaron un plan de defensa y controlaron el levantamiento popular. La Junta Central, formada por representantes de las provinciales y de las colonias y reinos de América, organizó el Gobierno de la nación. Nombró una Junta General Militar y creó los cuerpos de las Milicias Honradas, los tribunales de Vigilancia y Seguridad y los comisarios provinciales, a la vez que convocó a las Cortes para recoger el parecer de algunas juntas, así como del mismo Jovellanos y de Calvo de Rozas. Al efecto, creó una Comisión de Cortes, que tomó el pulso a la opinión de las fuerzas vivas de la nación.
Desprestigiada la Junta Central por los fracasos militares, designó un Consejo de Regencia que se encargó de la convocatoria de Cortes (24 de septiembre de 1810). Su legitimidad estaba basada en la nación, no en el mandato regio. La legislación gaditana superó el reformismo ilustrado e introdujo los principios jurídicos, políticos y económicos que sirvieron de base para la modernización de España. La Constitución de 1812, vulgarmente llamada La Pepa, se convirtió en el símbolo de la libertad, soberanía e independencia de la nación a través de los tiempos.
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